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COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS

20/02/2017

 

En el año 2012, la Cámara de Cuentas alertaba en un informe de la “alta inestabilidad” de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Espartinas. Según este organismo, el Consistorio espartinero encabezaba el ranking de inestabilidad de los municipios de toda Andalucía con un indicador del 81,68%, resultante del número de laborales indefinidos dividido entre los componentes de la plantilla real.

El 14 de marzo de 2015 se aprueba el único convenio laboral con el que ha contado este Ayuntamiento tras más de tres décadas de gobierno del PP en mayoría absoluta. Su entrada en vigor se produjo el 1 de abril de dicho año, semanas antes de las elecciones municipales de 2015. Hoy en día, se han puesto de manifiesto las numerosas carencias y desaciertos bajo las que dicho convenio fue elaborado y su insuficiencia para afrontar la realidad del personal y los trabajadores del Consistorio.
En este sentido, y teniendo en cuenta las exigencias que el Comité de Empresa está elevando en las últimas semanas al Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno quiere aclarar, para conocimiento de los vecinos de Espartinas, lo siguiente:

1. El mencionado convenio colectivo establece, en el Artículo 28.2, la jornada laboral de 37,5 horas semanales. No obstante, los trabajadores reclaman al Consistorio la reducción de la jornada laboral a 35 horas. La Disposición Final Cuarta del convenio es aclaratoria en este sentido: “La jornada recogida en el Artículo 28 se mantendrá hasta que la legislación vigente permita la reimplantación de la jornada de 35 horas semanales”.

2. Este Ayuntamiento cuenta con el sistema de control por huella digital desde hace casi una década, que venía siendo utilizado por el personal del Consistorio (a excepción de los trabajadores “de calle”). El Equipo de Gobierno simplemente ha explicitado a todos los trabajadores el cumplimiento de este control de su jornada laboral, en consecuencia con la legalidad vigente.

3. El personal laboral exige al Ayuntamiento su equiparación con el personal funcionario en lo referente a las incapacidades temporales, en materia salarial y en el cobro de trienios, así como la puesta en marcha de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) acordada con el Comité de Empresa. Las cuantías económicas que exigen los trabajadores no pueden aplicarse actualmente porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado impide a las administraciones públicas realizar ningún tipo de incremento de la masa salarial más allá del 1%. La Disposición Adicional Séptima Bis del convenio colectivo establece que “Todos aquellos artículos que, por así establecerlo alguna norma estatal o autonómica, no pudieran ser de aplicación, tendrán suspendida su vigencia mientras dure dicha situación, restableciéndose la misma desde el momento que fuere legalmente posible”. También la Disposición Final Segunda del convenio establece claramente que esta exigencia del comité no podrá aplicarse hasta que “la Ley General de Presupuestos del Estado permita la subida de la masa salarial”.

4. El Equipo de Gobierno ha mostrado, y así lo seguirá haciendo, su más absoluta predisposición a proponer acuerdos al Comité de Empresa y a los trabajadores, siempre sustentándose en el cumplimiento de la legalidad; basándose en el concepto de eficiencia de la Administración; respetando la correcta disposición de los fondos públicos; y encaminando todas sus actuaciones al cumplimiento del Artículo 53 del Estatuto Básico del Empleado Público: “perseguir la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos” y fundamentando su trabajo en “consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.

No obstante, ante las legítimas reivindicaciones del Comité de Empresa, cabría preguntarse si es este el momento más apropiado para exigir tales pretensiones, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento está haciendo frente al pago de una importante deuda que le impide hacer frente a otros servicios básicos para los vecinos y el pueblo de Espartinas.