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EL AYUNTAMIENTO REALIZA UN NUEVO PAGO DE 218.000 EUROS PARA CUMPLIR OTRA SENTENCIA POR TASAS URBANÍSTICAS ILEGALES

28/04/2017

El importe corresponde a una sentencia judicial contra el anterior equipo de gobierno

 

El Ayuntamiento de Espartinas ha realizado el pago de 218.020,50 euros correspondientes al pago de la de la sentencia 216/14 del 31 de julio de 2014 contra el anterior equipo de gobierno por el cobro de tasas urbanísticas que fueron declaradas ilegales por el Tribunal Supremo el 13 de junio de 2011.

En concreto, esta sentencia condenaba al Ayuntamiento a abonar 356.041 euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil patrimonial, cantidad a la que hay que sumar las costas procesales y los intereses. En este sentido, el Alcalde accidental, Iván Gómez, ha precisado que “la negociación de este Equipo de Gobierno con los demandantes ha logrado ahorrar 19.764,18 euros a las arcas municipales, acordando una quita tanto en intereses como en costas”.

Este acuerdo entre Ayuntamiento y demandantes ha consistido en abonar la cantidad fijada por los tribunales en dos pagos de 178.020,50 euros (el primero, pagado esta semana y el siguiente antes del 30 de noviembre), y una quita de 12.042,32 euros de las costas procesales, fijadas en 52.042,32 euros, con lo que el Ayuntamiento también ha abonado ya 40.000 euros.

Además, los intereses de la demanda, fijados en 92.721,86 euros, se abonarán en el ejercicio de 2018 con una quita de 7.721,86 euros (cantidad final de 80.000 euros).

El alcalde ha precisado que estas tasas urbanísticas “fueron aprobadas por el Pleno del 8 de abril de 2006, modificando una ordenanza reguladora de la tasa por tramitación de convenios urbanísticos que fue posteriormente anulada por los tribunales, cuando se habían cobrado importantes cantidades de dinero que ahora hay que devolver”.

Gómez abunda en que “existen más sentencias, igualmente heredadas del anterior equipo de gobierno, en las que se condenaba a los ediles a pagar indemnizaciones por este concepto”, aunque indica que “el Equipo de Gobierno, además de cumplir una resolución judicial conforme al derecho, sigue demostrando la capacidad de pago del Consistorio y reduciendo la deuda que tiene contraída el Ayuntamiento, que impide prestar unos servicios básicos a los vecinos”.